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¿Cuánto importa el territorio? subjetividad y territorio como insumo para políticas públicas

Gonzalo Delamaza

* Doctor en Sociología, Universidad de Leiden, Holanda. Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en sociedad civil, participación ciudadana, descentralización y programas sociales
Profesor titular del Centro de Estudios Regionales (CEDER ) de la Universidad de Los Lagos

Exposición realizada en la XII Convención Nacional de Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

Al título de esta presentación podríamos agregarle “para la esfera pública y para las políticas públicas”, lo que es un alegato en favor de la diversidad. En torno a esto, cabe recordar una entrevista televisiva al ex Presidente Lagos, quien se mostró molesto por el envío un proyecto de ley para crear una nueva región, en la que declaró: “Seamos serios. Chile no da para más de seis o siete regiones”. No sé cuáles son o serían las regiones que sobran de acuerdo a su criterio, pero diría que este es un planteamiento poco serio en relación al tema que nos ocupa. Prefiero situarme en la antípoda, creo que justamente ahí está el centro, por lo que esta es una reflexión a propósito de no ver, pero mi punto es que no se ve lo que no se mira.

El interés por mirar los territorios se tradujo en un trabajo que hemos realizado durante los últimos años, aplicando encuestas de percepción ciudadana en las regiones de Biobío, Los Ríos, y Los Lagos, tratando de averiguar si las apreciaciones sobre temas políticos, políticas públicas y desarrollo de la región, son similares a lo que se observan en muestras nacionales, como cuando se dice “los chilenos piensan así, opinan tal cosa”. La pregunta es si, al ubicarnos en una escala territorial más pequeña, habría diferenciaciones importantes, es decir, si los chilenos somos un “nosotros” homogéneo que se reparte estadísticamente, o si, en realidad —que era nuestra hipótesis—, los territorios sí importan y, entonces, si se afina el ojo y se mira el territorio, se encuentran otras cosas. Y por lo tanto, ese “nosotros” existe o puede existir, siempre y cuando lo construyamos a partir de la diversidad. Es decir, la solución inversa a la del ex Presidente Lagos, no de reducir la diversidad, sino que ampliarla y utilizarla para construir entre todos esa imagen del “nosotros”.

Esto tiene una enorme importancia para las políticas públicas, en este caso las culturales, pero también para el debate que hacemos sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa. En Chile se aplican muchas encuestas, se consulta mucho. Pero la manera de consultar y el universo de consultas asumen, en general, que todo está distribuido homogéneamente en el territorio nacional. Se cuenta con muchos datos duros sobre regiones: Producto Interno Bruto, producción, niveles de pobreza, y se mide una serie de datos a nivel incluso comunal, pero la opinión ciudadana normalmente se mide a nivel nacional o incluso, en la Región Metropolitana o en la ciudad de Santiago, y el corolario es: “esto pensamos”.

De esta forma, cuando tenemos que conversar acerca de nosotros mismos y lo que nos está sucediendo, esos son los datos con que contamos. Por lo tanto, nuestra conversación y luego las políticas públicas que se diseñan tomando en cuenta lo que la gente piensa, omiten esa diversidad. La pregunta entonces es: ¿existe tanta diversidad?, ¿es para tanto?, ¿o en realidad, más o menos la gente siempre piensa un poco distinto, pero con una foto del conjunto nos basta?

Por otro lado, desde hace cerca de diez años, han ido emergiendo movimientos sociales de carácter socio-territorial, regionales, de distinta naturaleza, que han puesto el asunto de los territorios en la mesa. Y lo han puesto de una manera particular: son movimientos en torno a las industrias extractivas que generan problemas a las comunidades aledañas, problemas de atención de servicios públicos, problemas de abandono de las zonas extremas, en fin, movimientos grandes relacionados, por ejemplo, con las represas de Hidroaysén, que se han vuelto nacionales. La cuestión territorial, que históricamente en Chile nunca había sido un motivo de gran preocupación política —o al menos no desde 1859, digamos desde la última derrota de las rebeliones regionales—, que nunca fue un asunto fundamental, y que más bien se resolvía administrativamente, con un poco de gestión, ahora ha vuelto a ser socialmente importante.

Y sin embargo, cuando revisamos lo que sabemos sobre el territorio, faltan muchas cosas por mirar. Y en particular, respecto de lo que pensamos sobre la subjetividad de los habitantes de los territorios.

En virtud de ello, aplicamos una encuesta sobre percepciones y representaciones políticas que tienen la particularidad de ser representativas de un territorio regional. Y luego, otras de territorios a nivel de ciudad. Y se podría seguir afinando, esto no es más que un primer ejercicio. ¿Qué resultados obtuvimos? En primer lugar, hicimos preguntas sobre desarrollo: ¿Cómo está su región en relación a Santiago?, es decir, cómo nos percibimos. Para evaluar el supuesto de la linealidad del desarrollo, como cuando se pregunta acerca de cuanto le falta a Chile para “llegar” al desarrollo. En esos términos, todos querríamos llegar a ser como Santiago, y Santiago querría ser como Miami o como París y tenemos que medir la distancia a la que nos encontramos de la meta.

Lo que encontramos fue distinto. Al consultar se ofrecieron categorías para evaluar: oportunidades de trabajo, entretención, posibilidad de tener un buen sueldo, salud pública de calidad, consumir o comprar las mismas cosas. Y la primera encuesta arrojó que en todas esas categorías, la percepción en las regiones estudiadas era “estamos más mal que en Santiago”, “estamos peor que en Santiago”, salvo en una de ellas que revelaba “estamos mejor”, significativamente mejor. ¿Y cuál era ese aspecto? La calidad de vida.

Con esos resultados nos preguntamos: si hay menos sueldo, menos oportunidades de trabajo, salud pública de peor calidad, entonces, ¿cómo es posible que la calidad de vida sea mejor? Dicho de otro modo, ¿qué es la calidad de vida para las personas? En una segunda encuesta pensamos preguntar qué están entendiendo por calidad de vida. Y entonces abrimos esa pregunta y nos dimos cuenta de que en una serie de otras variables, otros aspectos de la calidad de vida, las regiones percibían que estaban mejor que en Santiago: seguridad ciudadana, protección del medioambiente, transporte público.

Si miramos todo esto como conjunto, lo que se observa es que en aquellos temas que dependen de los bienes que provee el mercado, o sea, consumir, sueldos, entretención, oportunidades de trabajo, se veía una gran diferencia, una percepción de que en regiones hay menos posibilidades. Sin embargo, en aquellas que, de algún modo son servicios públicos provistos o apoyados por el Estado —salud, educación o vivienda—, había una percepción de equiparidad, es decir, de que no hay mayor diferencia. Y en aquellas que están rotuladas bajo calidad de vida, había una percepción de las regiones están mejor que Santiago.

Por lo tanto la imagen de desarrollo, de a dónde queremos llegar, se empezaba a matizar significativamente, dependiendo del ámbito del que estuviéramos hablando.

Luego, sobre políticas públicas la encuesta es mucho más amplia: preguntamos en qué invertirían los recursos públicos en esa región. Si nos atenemos a la agenda de los medios de comunicación, diría la delincuencia. Sin embargo, las tres regiones de manera homogénea señalaron: creación de oportunidades de empleo, recursos públicos en creación de oportunidades de empleo. El Estado chileno tiene prohibición legal de crear una empresa, salvo que se lo autorice el Parlamento a través de una ley. Es decir, no es simple, no se pueden crear oportunidades de empleo así como así. Pero esa es por lejos la primera prioridad en las tres regiones, siendo esa percepción incluso más fuerte en Los Ríos. Si analizamos las tres primeras prioridades que los encuestados señalan, el empleo vuelve a salir en primer lugar, aunque en Biobío muy cerca de salud. En fin, se empiezan a dibujar distintos perfiles de las distintas regiones.

Posteriormente, hicimos preguntas para ver si la gente pensaba distinto sobre diferentes temas, para lo cual comparamos preguntas que siempre se hacen en encuestas nacionales, incluso en comparaciones de Chile con otros países, como la encuesta llamada Latinobarómetro, que pregunta por adhesión a la democracia, un tema político que aparentemente no tiene que ver con el territorio. La pregunta que esa encuesta realiza tiene alternativas como: a) la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, una especie de adhesión democrática como valor en sí; b) en algunas circunstancias puede ser preferible un gobierno autoritario a uno democrático, o sea la democracia sí, pero depende. Y c) a la gente como uno le da lo mismo un gobierno autoritario que uno democrático, como las personas que dicen: “yo igual me tengo que levantar a trabajar cuando hay elecciones”, como si elegir a un gobernante a uno le permitiera dejar de trabajar. Esas son las opciones, y la opinión va evolucionando en los distintos países.

El resultado que obtuvimos fue que la adhesión a la democracia total en el país es de 61,4% y hay un 40% repartido en las otras opciones. Sin embargo, en las regiones que estudiamos la opinión es diversa: Biobío, 68,4%, Los Lagos, 63,4%, y Los Ríos, 82,1%. Es decir, hay una adhesión mucho mayor que en el total país. Preguntamos así mismo por la participación en organizaciones. A nivel nacional, el 32% de la gente dice que participa en algún tipo de organización, menos de un tercio de las personas. Y en la Región de Los Ríos esa cifra baja a solo un 16,9%. De hecho, en las tres regiones encuestadas hay menor participación que a nivel nacional, y es en Los Ríos donde el nivel de participación es más bajo. Esto implica que es una región muy democrática en su discurso y muy poco participativa en su práctica. Con esto quiero decir que las regiones empezaban a perfilarse de una manera distinta. Porque lo que sucede en Los Ríos es distinto en las otras regiones: tienen menos adhesión pero más participación. Y a nivel nacional resulta que es más. ¿Y por qué es más? ¿Es que en Santiago es más? No sabemos, no tenemos el dato.

Preguntamos también por la confianza. En general, se estima que los datos de confianza entre las personas y en las instituciones en Chile son comparativamente muy bajos en relación con otros países. Tenemos un problema severo que afecta a la participación: si no confiamos, es muy difícil que participemos en conjunto. Y los datos de desconfianza son altísimos. En las encuestas se pregunta por una serie de instituciones, y en todas aparece que las que generan mayor confianza en Chile son las Fuerzas Armadas, los Carabineros, mientras que en relación a las instituciones democráticas, como el Congreso, este atributo es bajísimo. Y sin embargo, lo que encontramos en las regiones estudiadas es que la confianza en las instituciones era mayor que la cifra nacional.

La siguiente pregunta apuntaba a la confianza entre las personas: ¿se puede confiar en las demás personas o no? El resultado arrojó que la confianza entre las personas a nivel nacional era mayor que en regiones. De nuevo los resultados desafiaban el sentido común. También las regiones mostraban comportamientos distintos entre sí.

A comienzos del 2015 aplicamos esta misma encuesta en tres ciudades: Temuco, Osorno y Puerto Montt. Encontramos grandes diferencias entre las ciudades pertenecientes a la misma región de Los Lagos. Dado que Los Ríos y Los Lagos antes eran una sola región, recién ahora que las separamos en la mirada vemos que hay diferencias. Asimismo, si vemos dentro de la región, también encontramos grandes diferencias entre Puerto Montt y Osorno, tanto en la prioridad que esperan para las políticas públicas, sobre cómo está su ciudad en comparación con el resto de la región, y también en relación a una última pregunta que hicimos sobre percepción de conflictos (en distintos ámbitos, entre empresarios y consumidores, entre pueblos indígenas chilenos, etc.). El resultado fue que Puerto Montt tenía una percepción mucho más alta del conflicto que Osorno, entre otras marcadas diferencias respecto de Puerto Montt.

Si pensamos en términos de políticas culturales, el tema de la participación a mi juicio es un valor estratégico en el territorio. No es posible pensar en general en las políticas, especialmente en el caso de las políticas culturales, que tienen una relación con los sujetos mucho más fuerte, sino con un valor estratégico, es decir desde el comienzo y hasta el final. Y para eso tenemos que afinar la mirada, tenemos que reconocer la diversidad.

Por ello, el primer desafío es reconocer la diversidad para construir el espacio común. Alguna vez sinteticé esta idea en la formula “la igualdad está en la diferencia”. Pero reconocer eso significa primero mirarlo. Yo hice un ejercicio de encuesta y se pueden hacer muchos más. De otro modo, podemos imponer una imagen y una orientación, pero no va a ser ella el resultado de la conversación entre los “distintos”. En este caso, a nivel del territorio.

El segundo desafío es enfrentar la crisis de confianza. No es un asunto de instalar mecanismos de participación, pues aunque se diga “no, necesitamos primero más estructuras de participación”, si no hay confianza en la institucionalidad y entre nosotros, las estructuras de participación son cáscaras, son simulacros.

En tercer lugar, si tenemos esos requisitos más o menos abordados, debemos fortalecer nuestra capacidad de acción pública, es decir, de conversar y de actuar en función de construir metas comunes, no atenernos a la meta común que alguien construyó por nosotros.

Un cuarto desafío responde al hecho que detrás de estas diferencias también hay asimetrías, desigualdades. Es decir, tenemos distinta escuchas y se corresponden con la dificultad de algunos para poner sus preocupaciones en la esfera pública, respecto de las facilidades que otros actores tienen para eso, y que inmediatamente se instalan como asuntos públicos muy importantes. Esa diferencia hay que reducirla, hay que encontrar mecanismos específicos para nivelar la cancha. De otro modo, la participación pierde sentido.

El último desafío, tiene que ver con que hay una consecuencia para las políticas y programas públicos, las que deben tener mayor autonomía en su diseño y en su ejecución. Si pensamos en políticas en el territorio, que reconocen la diversidad del territorio, su gestión debe también estar asociada a una gestión autónoma mucho mayor que la que existe actualmente. De otra forma hacemos todo este reconocimiento de la diversidad y luego cuando tenemos que traducirlo en acción, lo normal en el Estado chileno es que la política desciende desde arriba hacia abajo. Por lo tanto desconoce, homogeneiza, reduce esa diversidad y pierde la riqueza que ella puede tener como capital. La diversidad no hay que entenderla en este caso como una amenaza, sino que como una fortaleza.