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Políticas públicas culturales: doce años de convenciones de cultura

Claudia Toro Caberletti

Departamento de Estudios, sección de Políticas Culturales y Artísticas

La institucionalidad cultural vigente se ha construido con la participación y experiencias individuales y colectivas, a lo largo de décadas de manifestaciones sociales y políticas que pusieron de relieve la importancia de la cultura en el desarrollo de Chile. En este proceso, fueron instancias claves las diversas comisiones especiales conformadas desde 1990 en adelante (1), y los cabildos culturales (1999-2002), que conjuntamente fortalecieron la decisión política de contar con una institucionalidad pública para la cultura, sancionada legalmente a fines del 2003, fecha en que se crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Esto subraya la importancia que para el Estado de Chile tiene la participación social en la definición de las políticas públicas culturales.

Desde el 2004, las convenciones de cultura, herederas de los cabildos culturales, se han convertido en un espacio de encuentro para los integrantes de los 32 órganos colegiados del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, los agentes relevantes del sector y miembros de las organizaciones relacionadas con la cultura. También han sido una instancia relevante para el intercambio de opiniones y experiencias sobre materias de políticas culturales, su diseño, implementación y evaluación. Estas reuniones anuales han permitido incrementar la legitimidad de las decisiones públicas, a través de la promoción de la reflexión colectiva, la actualización de diagnósticos y la generación de recomendaciones a las autoridades para aportar a la eficiencia de su gestión.

La cuenta de doce años de convenciones de cultura permite señalar que la institucionalidad cultural de Chile ha asumido el desafío de la participación plural. Esto se visualiza en diversos ámbitos: los distintos procesos asociados a la construcción de las políticas culturales 2005-2010 y 2011-2016 y su seguimiento, la diversidad de participantes, las temáticas asociadas a la misión institucional —creación, patrimonio y participación—, y la presencia de las regiones, cada vez con mayor fuerza y espacios, potenciando sus identidades y el conocimiento de sus problemas y necesidades, pero también de sus logros y experiencias. De esta manera se ratifica la voluntad de hacer política pública de Estado.

La decisión institucional de que cada región del país realizara por primera vez su propia convención de cultura marca un hito relevante en la gestión 2015. Constituye un reto a las capacidades institucionales, pero también un impulso potente para cada territorio, una invitación para conocerse cada vez con mayor profundidad, articular acciones con otros agentes públicos y privados, y aportar nuevas miradas y proposiciones de desarrollo, entendiendo que la cultura debe constituirse en un agente movilizador de voluntades políticas y recursos en cada región, dirigidos al bienestar de las comunidades regionales.

Junto con la determinación de realizar convenciones regionales, a diferencia de las macrozonales desarrolladas entre el 2008 y el 2014, este año se sumó la decisión de ampliar la convocatoria tradicional, considerando a los agentes culturales regionales relevantes para la implementación de las políticas públicas, lo que impactó de manera significativa en el número de participantes. Así, de un promedio de 200 personas que concurrieron a las anteriores convenciones de cultura macrozonales, en 2015 fueron 908 personas las que participaron en las convenciones regionales, con diversos grados de representatividad cultural en sus territorios.

A nivel nacional, la Convención Nacional de Cultura 2015, desarrollada en Valparaíso, reposicionó la reflexión cultural en espacios públicos de significación política: el Salón Plenario del Congreso Nacional y el Centro Cultural Valparaíso. Estos fueron los lugares que simbólicamente acogieron los sueños y desafíos de los participantes, que ya piensan en la institucionalidad cultural como el próximo Ministerio de las Culturas, y aspiran a construir e implementar responsablemente políticas públicas participativas, que expresen deliberaciones cada vez más abiertas, inclusivas, plurales y democráticas.

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(1) Comisión Garretón (1990) y Comisión Presidencial Ivelic (1997).

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